La suspensión se ha adoptado tras producirse la renuncia mutua entre el procesado y su abogado defensor de oficio, Sentob Bendodo Cohén, al alegar Calliol que la defensa no había tenido tiemo para preparar la causa, mientras que el letrado expuso la imposibilidad de actuar, al ser rechazado por su patrocinado, con anterioridad a la vista oral.

Esta es la cuarta ocasión en la que la Audiencia de Málaga suspende el juicio contra Jean Marie Calliol, al rechazar éste a su abogado, en la primera vista celebrada en octubre del año pasado, al iniciar una huelga de hambre en diciembre, y volver a rechazar a la defensa en el proceso iniciado en el mes de junio.

Desde que Jean Marie Calliol fera detenido, en el mismo apartamento en el que retenían a Melodie Nakachian, hace ahora cinco años, el procesado ha renunciado a siete abogados, cuatro de ellos de oficio.

Según declaró el propio interesado ante la Sala, las renuncias de los letrados de oficio fueron por falta de confianza, mientras que las defensas contratadas no gozaron de su visto bueno al no seguir la línea que Caillol creía conveniente.

El presidente del tribunal, Francisco Javier Arroyo Fiestas, instó al procesado para queen el plazo de diez días dé a conocer el nombre de su nuevo abogado defensor, aunque en caso contrario, Sentob Bendodo volverá a ejercitar la defensa.

No obstante, el letrado de oficio rechazó tal posibilidad al entender que la defensa de Calliol "es imposible", a pesar de la insistencia del Tribunal en la figura anteriormente citada. Bendodo solicitará el amparo del Colegio de Abogados de Málaga para evitar la defensa del presunto secuestrador.

El Tribunal entiende que Calliol está "comentiendo n fraude a la Justicia, puesto que al negarse a ser juzgado, se está negando el poder del Estado", mientras que el letrado de la acusación particular, José Luis Sanz Arribas, consideró el hecho como "un triste espectáculo de la Justicia".

La Fiscalía de Málaga pide en sus conclusiones penas de 25 años, seis meses y tres días de prisión, por los delitos de detención ilegal, sustitución de placas de matrícula, uso de nombre supuesto y falsificación de carnés de identidad.