En un comunicado, la Asociación Pro-Derechos Humanos mostró su rechazo por el secuestro y defendió que lo primero es salvar la vida de Miguel Angel Blanco, aunque eso signifique ceder al chantaje de los terroristas.

Esta organización considera que la política de dispersión y alejamiento de los presos etarras que este Gobierno y los anteriores han venido aplicando es legal y legítima en el marco del ordenaiento jurídico español, pero apunta que no es la única posible.

"La Ley Orgánica Penitenciaria permite otro tipo de políticas que suponen el acercamiento de los presos", prosigue la nota. "(...) El Gobierno puede evolucionar hacia otras políticas penitenciarias, tal y como ha reclamado la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco desde la legitimidad que le concede el respeto a la Constitución y a las leyes como expresión de la voluntad popular".

A su juicio, ese cambio nunca podrá entendrse como un gesto de debilidad o de sometimiento a la violencia terrorista, sino como una estrategia de humanización en la aplicación de las penas de privación de libertad, "que aislaría aún más la posición de quienes justifican y emplean medios violentos para intervenir en política".