Así lo manifestaron a Servimedia los principales representantes del sector, que ven en esta medida la "desaparición real" de la producción, ya que, en muchos de los casos, "los costes no podrán asumirse y miles de viticultores tendrán que dejar de trabajar".

"La Comisión tiene la obligación de plantear propuestas racionales y ésta no es una de ellas", indicó el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda.

Para Upa, la medida supondría "la desaparición real y fectiva de la producción", sobre todo de las pequeñas explotaciones, ya que "los costes no podrán asumirse".

En la misma línea se pronunció el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Eduardo Navarro, quien aseguró que no se trata nada más que de un impuesto "con carácter recaudatorio y penalizante".

VINO DE MESA

Coag considera que la medida acabaría con la producción española del vino de mesa, que supone el 30% de los caldos que se fabrican enEspaña, con el correspondiente cierre de explotaciones familiares.

Por su parte, un portavoz del sector vitivinícola de la patronal Asaja aseguró que no se trata de una medida "lógica ni normal", y alertó de que se trata de un atentado contra un producto "clave" en la dieta mediterránea.

Recordó además que el sector del vino, especialmente el español, es ya un "sector revuelto", con muchos problemas en la comercialización de los caldos y excesiva producción.

Finalmente, el presidente del Conejo de Denominación de Origen Vinos de Rioja, Angel de Jaime Baró, dijo a Servimedia que estas medidas "desincentivan" el consumo de vino y confió en que alguno de los países de la UE, como España, se opongan a esta medida.

Bruselas admite que, de prosperar, la propuesta podría perjudicar especialmente al vino de mesa, si bien Bolkestein considera que el aumento de presión fiscal sobre este producto "tendría un impacto irrelevante".

En cualquier caso, la propuesta requerirá, para ser aceptada, elapoyo unánime de los 15 Estados miembros de la UE, por lo que todo el sector vinícola confía en la oposición de los países afectados, sobre todo de España.