Según ha podido saber Servimedi en fuentes solventes del sector, entre dichas propuestas figura la de limitar a Telefónica el acceso al negocio de la TV por cable durante varios años, en lugar de los nueve meses que fija ahora la ley.

El documento podría hacerse público esta misma semana con motivo del V Congreso de la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones (AUTEL), que comienza mañana en Madrid y que agrupa a las principales empresas españolas que operan, invierten y usan las telecomunicaciones.

Dicho documentoplantea al futuro Gobierno la conveniencia de establecer limitaciones a la competencia para Telefónica en el sector del cable superiores a las que recoge ahora la Ley que lo regula (9 meses), que logró sacar adelante el Gobierno socialista antes de las elecciones mediante un pacto parlamentario.

A cambio, se ofrecerían a Telefónica compensaciones como la de que el segundo operador de telecomunicaciones emplee la red y el llamado 'bucle de abonado' -o acceso final al usuario- de Telefónica en las demaraciones donde todavía no exista una red de cable alternativa a la de la operadora que controla el Estado.

Respecto a las demarcaciones de cable, la propuesta que barajan las empresas del sector es que sean las comunidades autónomas las que fijen sus ámbitos de influencia, y además los aumenten, haciéndolos pasar de un ámbito local a otro regional.

Las empresas de telecomunicaciones alegan, para justificar esta demanda, que la realidad está demostrando que habrá demasiadas licencias locales para ls que no está asegurada su rentabilidad, y citan el caso de Cataluña, País Vasco o Castilla y León, donde los informes previos han aconsejado o están en fase de aconsejar la limitación de las licencias a 3, 1 y 2 ó 1, respectivamente, en todo su territorio.

El documento ha sido elaborado ante el temor a que la demora del nuevo Gobierno en la toma de decisiones pueda afectar al desarrollo del sector, cuya liberalización plena está fechada para el 1 de enero de 1998.

En esta línea se reclama tambié un ejercicio legislativo para unificar toda la normativa que existe en sólo dos leyes, una para las telecomunicaciones y otra para el sector audiovisual.

La primera debería ser generalista, para evitar que se quede anticuada en poco tiempo, y habría de recoger la creación urgente de un órgano regulador del sector independiente de la Administración, que fije las tarifas de los servicios regulados y dicte la liberalización progresiva.

En esta línea se inscribe también la solicitud ya conocida de u 'paquete' de medidas urgentes que conduzca a la privatización de los activos que aún conserva el Estado en el sector, como es el caso de Telefónica y Retevisión, ya que no consideran razonable que la Administración pueda ser a la vez juez y parte.