Estos datos muestran que la actividad desarrollada tanto desde los organismos públicos como desde las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito social representa unos niveles de gasto cada vez más elevados.

El informe fue presentado en el aula de cultura de BBK por Pedro Martínez de Alegría, secretario general de la Federación; Jon Mancisidor, subdirector general de BBK, yFernando López de Eguilaz, director de la Obra Social de esta entidad.

Mancisidor destacó la colaboración de la caja vizcaína con los más desfavorecidos a través de "nuestro programa de apoyo a proyectos sociales con el que participamos directamente en los proyectos, subvencionando su puesta en marcha y desarrollo".

Asimismo, añadió que "en los cuatro años que llevamos actuando hemos destinado 22,12 millones de euros. También el plan estratégico 2005-2007 aprobado el año pasado da prioridad a la colaboración con las entidades sociales", apuntó.

Uno de los principales datos que se desprende del informe indica que el envejecimiento de la población, la inmigración y las situaciones de pobreza y exclusión social son los principales problemas que el sector afronta a corto plazo.

El sector de Servicios Sociales en el País Vasco actualmente lo integran un total de 1.224 entidades, de las que casi el 75% de ellas pertenecen al sector privado. Estas entidades gestionan una red de más de 2.300 centros de actividad.

En relación al empleo, el informe destaca que el sector de Servicios Sociales proporciona trabajo directo a casi 17.000 personas, lo que supone que en cuatro años ha aumentado un 158%. Resalta el hecho de que dentro del sector el 68% de las personas asalariadas sean mujeres. Estrechamente relacionada con el empleo, se encuentra la importante contribución del voluntariado, que asciende a casi 14.000 personas.

El informe de la Federación de Cajas de ahorros Vasco-Navarras cita como principales fortalezas del sector la importante presencia de la iniciativa privada, el aumento continuo del gasto social en el sector público y privado y la gestión profesional de la intervención pública.

Como contrapartida, el informe señala como principales debilidades la elevada dependencia económica del sector público por parte del sector privado no lucrativo, la escasa incorporación de criterios de calidad en la gestión de los servicios sociales y la menor atención a los aspectos preventivos y de planificación en la intervención.

Según el informe, para superar los retos que se presentan es preciso un marco organizativo estructurado y coordinado.