Hasta el pasado mes de septiembre, los "recibos impagados" del conjunto de las Administraciones con el sector ascendían a 95.700 millones de pesetas, 11.200 millones más que los que estaban registrados como "morosidad" del sector público a finales del año pasado.

La evolución de esta partida en el balance de las empresas eléctricas sigue elevando la preocupación de sus responsables, ya que se trata de instituciones y organismos a las que cortar el suministro como represalia por el impgo es muy conflictivo, dado el carácter de servicio público que tienen en la mayoría de los casos.

Según las fuentes consultadas, otros servicios como el de Telefónica pueden limitar la capacidad de comunicación de un ayuntamiento cortando determinadas líneas, pero en el caso del fluido eléctrico no es fácil esta discriminación, "de manera que o se corta todo o no se hace, y entonces es más difícil presionar para cobrar los atrasos".

Todas las compañías eléctricas coinciden en "no señalar con el ddo a sus clientes morosos" ni del sector público ni del privado, y se limitan a precisar que de la deuda total que soportan, los ayuntamientos españoles "son los que peor pagan".

De los 95.700 millones de pesetas de recibos impagados, 61.900 corresponden a los ayuntamientos y 33.800 a otros organismos oficiales, con lo que las corporaciones locales concentran el 64,6 por cien de la deuda total.

Además, las cifras proporcionadas por las empresas sitúan a los Ayuntamientos como los principales respndsables en la falta de contención en esta morosidad, ya que del crecimiento registrado entre los meses de enero y septiembre, últimas cifras disponibles, las corporaciones locales han incrementado su morosidad con las eléctricas en 8.000 millones, y el resto de organismos oficiales lo han hecho en 3.200 millones.

Las dificultades que encierra el sistema de recuperación de morosos ha llevado a buena parte de las compañías a crear cuerpos de personal específicamente dedicado a lograrlo, y para ello manienen contactos con alcaldes y responsables técnicos de los organismos cuando solicitan nuevos servicios, recordándoles que aumentar la potencia contratada o instalar un poste en un sitio concreto es más dificil con la carga de recibos de pagar que mantienen.