En concreto, el Cermi expresa su alarma por el desarrollo y aplicación de la Orden 3191/2002, de 5 de diciembre, con efectos prácticos desde el 17 de junio pasado, que tipifica nuevas reformas de importancia y modifica los Anexos I y II del Real Decreto 736/1988, de 8 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de imporancia de vehículos de carretera.

"El desarrollo y aplicación de dicha orden, a través de lo dispuesto en un 'Manual Técnico sobre Reformas' no consultado ni consensuado con el sector de la discapacidad, está causando enormes perjuicios a los personas con movilidad reducida que tienen que hacer reformas y adaptaciones en sus vehículos por causa de su discapacidad, ya que se han endurecido los requisitos técnicos para hacer las reformas hasta tal punto que, en la práctica, va a ser casi imposible que esas personas puedan acceder regularmente a conducir vehículos propios", advierte el Cermi.

Además, añade el Cermi, otro efecto "indeseable" de la nueva regulación, que se añade al anterior, es el de un encarecimiento "brutal" de las reformas, lo que provocará que muchas personas que necesitan la reforma o la adaptación hayan de renunciar a ella por imposibilidad económica.

"Muchas personas con discapacidad, por su situación de relegación laboral y baja participación económica, tienen umbrales de rnta muy inferiores a los de la población general, por lo que cualquier encarecimiento retraerá a estas personas de hacer las adaptaciones precisas", advierte el sector de la discapacidad.

A juicio del Cermi, el acceso regular y normalizado de las personas con movilidad reducida al transporte de vehículos es esencial para mantener una mínima autonomía personal, que permita a estas personas desarrollar una vida social participativa e integrada.

"Obstruir este acceso mediante reglamentaciones e intepretaciones puramente tecnicistas, sin ningún atisbo de sensibilidad social, condena a estas personas a un mayor grado de exclusión y relegación", añade la plataforma.

Por todas estas razones, y a fin de evitar estos efectos indeseables, el Cermi ha solicitado como medida inmediata una moratoria de la vigencia de la orden citada, que permita abrir un período de negociación y consultas de todas las partes implicadas que concluya en una solución consensuada y aceptada por todos.