El pasado 16 de febrero el Consejo de Ministros del Gobierno de Portugal con el primer ministro, Antonio Costa, al frente, aprobó un paquete de medidas que buscaban “dar una respuesta integral a todas las dimensiones del problema de la vivienda” denominado ‘Más vivienda’.

Costa subrayó entonces que “la vivienda es una preocupación central y transversal de la sociedad portuguesa porque atañe a todas las familias y no sólo a las más necesitadas”, sino también a “los jóvenes y las familias de clase media”. La previsión es que algunas medidas sean aprobadas por el Ejecutivo y otras por la Asamblea de la República el próximo 16 de marzo.

El debate sobre la vivienda en Portugal coincide con la fase final de la tramitación parlamentaria en España de la Ley de Vivienda. Aprobada por el Consejo de Ministros hace más de un año, las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en cuestiones como el tope de los alquileres o la regulación de los desahucios han retrasado el texto final hasta los últimos meses de legislatura.

Precisamente, el tope de los alquileres en los nuevos contratos es una de las medidas que prevé implementar el gobierno portugués, pero, sin duda, una de las medidas más novedosas que quiere aprobar el Ejecutivo socialista es el alquiler forzoso de viviendas vacías para poder subarrendarlas.

Desde el portal inmobiliario Fotocasa trasladan a Servimedia que esta medida es “intervencionista”, por lo que “contribuye a la generación de un clima inestable para los propietarios”. Además, subrayan la problemática de determinar cuáles son las viviendas vacías. De cara a una posible incorporación de la medida a la legislación española, el portal cree que España “necesita cuanto antes actualizar el censo de vivienda vacía”.

Apunta que es probable que la mayoría de viviendas vacías necesiten “rehabilitación o nuevas cédulas de habitabilidad”, por lo que el Estado “debe estimular” su salida al mercado “mediante ayudas y bonificaciones” y evitar el “temor de los propietarios a no poder recuperar su propiedad alquilada de forma rápida en caso de impago por parte del inquilino”.

Tampoco ven con buenos ojos la medida desde la patronal de promotores inmobiliarios, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña). Su secretario general, Daniel Cuervo, señaló a Servimedia que “producirá efectos contrarios” y afirmó que estas viviendas “van a desparecer” de un potencial mercado del alquiler y se van a vender. “Penalizar en vez de incentivar es erróneo”.

En la misma línea se pronuncia la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), que agrupa a más de 840 agencias del sector, que trasladó a esta agencia que “cualquier medida intervencionista o punitiva a los arrendadores” es “contraproducente para un mercado tensionado en oferta”.

FIN DE LAS 'GOLDEN VISA'

Otra de las medidas que quiere introducir el gobierno portugués es el fin de los visados de oro, aquellos que se otorgan a las personas extranjeras si realizan una inversión inmobiliaria que en España se debe elevar al medio millón de euros, pero que en Portugal tenían un umbral menor.

Este anuncio coincidió en el tiempo, además, con la intención del líder de Más País, Íñigo Errejón, de presentar una proposición de ley para eliminar este tipo de visados en España, que desde el año 2013 se han concedido a cerca de 5.000 inversores.

Desde Fotocasa, aseguran que restringir las Golden Visa concedidos a extranjeros que compran “inmuebles de lujo” no ayudará a bajar los precios del alquiler y sí podría provocar “inversores extranjeros decidan no invertir en nuestro país” y España “deje de recaudar millones de euros”.

Los promotores, por su parte, señalan que cambiar esta norma obedece a un “análisis muy sesgado” del problema de vivienda y “desvía la atención” de la principal cuestión, que es la falta de oferta, especialmente en grandes ciudades. Cuervo asegura que estas inversiones son de “gran poder adquisitivo” y no “lastran el acceso a la vivienda”.

Asimismo, las agencias inmobiliarias apuntan que cualquier medida que “desincentive la inversión de capital extranjero” es “negativa para la economía del país” y creen que sería más conveniente “modular la actual concesión” de estos visados.

PISOS TURÍSTICOS

El turismo tiene en la economía portuguesa, al igual que en la española, un importante peso. Por ello, en los últimos años ha proliferado el negocio de los apartamentos turísticos, especialmente en los lugares más visitados. Ahora, el gobierno de Costa quiere evitar que se sigan trasvasando pisos del mercado de alquiler residencial al turístico. No habrá nuevas licencias, salvo en lugares rurales sin presión urbanística, y las vigentes se evaluarán en 2030.

El portal Fotocasa apuesta por la regulación sin prohibición de los pisos turísticos. No obstante, destacan una medida positiva aprobada por el Ejecutivo socialista portugués en esta materia: la introducción de beneficios fiscales para quien, hasta 2024, devuelva su piso al mercado de alquiler residencial. “De esta forma se ampliaría la oferta de alquiler”, afirman desde el portal.

En la misma línea, los promotores se muestran proclives a encontrar un mercado “lo más equilibrado posible” entre el turístico y el residencial, pero destacan que esta prohibición puede dar lugar a una “economía sumergida” con impactos en la economía “muy importantes”.

FIN LICENCIA MUNICIPAL

Pese a las críticas a la mayoría de medidas anunciadas por el Gobierno portugués, el sector inmobiliario sí recibe con agrado otras de las propuestas de Costa para incrementar la oferta de viviendas. Se trata de que los proyectos inmobiliarios ya no requieran licencia previa municipal y tan solo sea necesario presentar una declaración de responsabilidad. También ven con buenos ojos el cambio en las calificaciones de algunos terrenos para construir vivienda.

“Es una gran idea”, dijo Fotocasa, respecto al cambio en las calificaciones. En concreto, los terrenos clasificados o los inmuebles con licencia de comercio o servicios podrán destinarse a la construcción o reconvertirse en vivienda.

En cuanto al fin de la licencia previa, el portal celebra que el promotor podrá obtener este trámite presentando una declaración de responsabilidad, que es algo que ya se hace en la Comunidad de Madrid, lo que “está agilizando mucho la burocracia de las nuevas promociones”.

Precisamente, Cuervo (APCEspaña) cifra que esta medida está reduciendo entre tres y cinco meses la entrega de promociones. “Ese es el camino”, dice el representante de los promotores, quien destaca la necesidad de aprovechar “el suelo que es de todos” para dar respuesta a la falta de oferta de vivienda a través del apoyo de la iniciativa privada.