Además, "el sector entiende que no es buena fórmula romper el criterio de la tarifa única, que en el fondo también tiene un elemento importante de solidaridad", indicaron las mencionadas fuentes.

Gracias a la tarifa única, en las Islas, por ejemplo, se paga la electricidad al mismo precio que en la Península pese a que el coste de generación, transporte y distribución es mayor. Como también es muy superior el coste de llevar la luz a una finca rural que a un piso de una gran ciudad.

Además, argumentan en el sector, la decisión del recargo autonómico en el recibo de la luz "es de naturaleza política, no técnica", y supone "acabar con la tarifa en cuanto la tarifa es ingreso suficiente para cubrir los costes declarados".

Un precio de la energía diferente en unas autonomías que en otras supondría riesgo de deslocalización para algunas actividades económicas muy dependientes de la electricidad, apuntaron.

Asimismo, se pueden financiar inversiones en infraestructuras y redes con "otras fórmulas", sin tocar la tarifa, si lo que se pretende es que las comunidades autónomas contribuyan a mejorar la calidad del servicio.

Y sobre todo, las eléctricas tienen muy en cuenta que, a diferencia de la tarifa, el recargo autonómico "no es fijo" y depende de la voluntad política de las autonomías, lo que no garantiza una financiación adicional notable.