El sector ha calculado un perjuicio superior a los 1.000 millones de pesetas en el caso de mantenerse esta limitación, ante la obligatoriedad de suminstrarse de combustibles necesarios para su actividad a través de agentes externos al sector agrario.

Las organizaciones mencionadas consideran que el Ministerio de Industria debe considerar a las cooperativas y demás entidades asociativas como "consumidor final", y poder así acceder a comprar directamente a las petroleras los combustibles, igual que van a poder hacer las cooperativas de camioneros.

De hecho, el Gobierno está preparando un decreto para liberalizar el sector de la distribución de cmbustibles, tal y como se comprometió con los camioneros tras la huelga que éstos realizaron.

Ante las protestas de las Asociaciones de Distribuidores, el sector agrario recordó que ya existe una sentencia del Tribunal Supremo en 1989 a favor de que las cooperativas y demás entidades asociativas agrarias realicen un suministro directo a sus socios.