Partido Popular, PSOE y CiU, con la oposición de IU y la ausencia del PNV, impusieron la tesis de que la solicitud no podía ser aprobada porque no se ajusta a la resolución de 1992 de la Presidencia del Congreso sobre secreto oficiales.

Esa resolución afirma en su artículo segundo que para acceder a las materias declaradas clasificadas es necesario que lo soliciten "las comisiones y uno o más grupos parlamentarios que comprendan, al menos, la cuarta parte de los miembros del Congreso". Izquierda Unida, aunque tuviera el apoyo del PNV, no dispone de ese número de diputados.

El portavoz de la Mesa, Josep López de Lerma (CiU), explicó que en este momento hay depositados dos documentos secretos en el Congreso, según les a informado el secretario general de la Cámara, Ignacio Astarloa.

Esos papeles son un informe que data de junio de 1995 sobre escuchas presuntamente ilegales realizadas por el CESID, y una nota muy breve de octubre del año pasado, en el que el Gobierno envió una pequeña aclaración a unas dudas que surgieron durante la comparecencia del ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, ante la Comisión de Secretos.

López de Lerma explicó que la Mesa ignora el contenido de esos dos documentos, porque inguno de sus miembros está facultado para tener acceso a ellos.

El diputado de CiU aseguró que la Mesa estudiará en fechas próximas la posibilidad de solventar los "vacíos" que pueden haberse detectado en la regulación vigente sobre secretos oficiales.

En este sentido, recordó que hay un borrador de resolución que hizo el anterior presidente del Congreso, Félix Pons, que contemplaba, entre otras cosas, la necesidad de destruir al fin de cada legislatura toda la documentación secreta entregada po el Gobierno en ese periodo, así como las cintas con la grabación de las distintas sesiones de la Comisión de Secretos.