María Tardón, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, dijo a Servimedia que la respuesta del Congreso es sorprendente, ya que los nombres de los miembros de dicha comisión son de dominio público, y considera que la Cámara debería ofrecer al menos al juez Gómez de Liaño algún tipo de información sobre lo que desea saber.

"Los juristas sabemos que, evidentemente, no se puede crtificar una reunión en la que no ha habido un secretario que se encargue de documentarla", señaló Tardón, "pero si se ha producido esa reunión, es lógico que al juez se le remita alguna información sobre ella".

Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Ramón Rodríguez Arribas, manifestó a Servimedia que el Congreso ha recurrido a una "finta semántica" para no certificar al juez los nombres de los diputados que intervinieron en la reunión, ya que se trata de palamentarios perfectamente conocidos.

Agregó que esta negativa del Congreso no hace sino retrasar la investigación del juez y señaló que el magistrado debe insistir en su petición, planteándola de manera que no pueda ser soslayada con una "finta semántica".

"Es una forma de derivar la cuestión semánticamente", afirmó Rodríguez Arribas, "porque todo el mundo sabe que, se llame o no comisión, allí había una serie de miembros del Parlamento que habían tenido acceso a unos documentos de los que ahora e está tratando".

El portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia (JpD), José Antonio Alonso, no quiso entrar a valorar la actuación del Congreso, por considerar que se trata de una actuación parlamentaria.