Aguilar puso de relieve que la capacidad del Ejecutivo para decretar el secreto de Estado sobre sus popios actos debe ser "algo excepcional" y que, desde esa perspectiva, es necesario que se establezcan suficientes controles democráticos.

"En primer lugar", explicó, "del Parlamento, luego del poder judicial y, por último, de la propia opinión pública como garantía necesaria frente a los posibles excesos del poder ejecutivo".

A través de un comunicado de prensa, Aguilar consideró insificiente una Comisión de Secretos de Estado compuesta por sólo tres magistrados del Tribunal Supremo, con capacida para revisar la negativa del Gobierno a desclasificar documentos.

"Nos resulta más razonable", aclaró, "partir de la experiencia de la desclasificación de los papeles del Cesid, donde la Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha pronunciado en pleno. Eso da garantías a los ciudadanos. Es un mecanismo excepcional para situaciones excepcionales y por ello no parece un exceso que el pleno del tribunal se haya reunido durante cuatro días".

PRESION EXCESIVA

Para la dirigente de IU, "depositar una decsión de esa envergadura" en manos de sólo tres magistrados sería someterles a una excesiva presión que, a su juicio, siempre se produce en estos casos.

Igualmente, consideró positiva la rebaja de 50 a 25 años del plazo de desclasificación automática y el hecho de que se eliminen del proyecto las sanciones a la prensa recogidas en el texto anterior.

Por otra parte, Aguilar calificó de lamentable la propuesta de los dirgentes del PSOE para que el Gobierno plantee un conflicto de poderes contra la dsclasificación parcial acordada por el pleno de la Sala Tercera.

"Quieren seguir tapando la evidencia", indicó, "y obstaculizando las investigaciones de la justicia sobre el GAL. Con esas recomendaciones sólo reafirman su responsabilidad, Pedimos que respeten la decisión del Supremo y acaten el funcionamiento del Estado de derecho".