La providencia decreta la restricción de acceso al lugar del crimen a toda persona ajena a las tareas de exhumación y la "total exclusión" de los medios de comunicación. Como consecuencia, en esta ocasión Recuerdo y Dignidad no podrá llevar a cabo la labor de difusión y divulgación que realiza antes, durante y después de cada intervención. Sin embargo, la aplicación de los protocolos de protección de la zona supone un avance en cuanto al tratamiento de las víctimas, con el respeto que se merecen, tal y como sucede en el resto de países con crímenes que afectan a los derechos humanos.

Ésta es la sexta ocasión en que Recuerdo y Dignidad consigue abrir una causa por crímenes del franquismo, si bien esta vez supone un salto cualitativo en cuanto a la intervención por parte del juzgado. La Sociedad de Ciencias Aranzadi es la encargada de las tareas de exhumación al no disponer el Instituto de Medicina Legal de Soria de un equipo propio de arqueología forense.

En paralelo a la exhumación judicializada, Recuerdo y Dignidad prepara una denuncia en la que se demuestra de forma fehaciente la motivación política de los asesinatos cometidos en Las Casas, que no es una excepción en el marco de asesinatos y crímenes de lesa humanidad por motivación política llevados a cabo por el franquismo. En ella, quedan patentes los patrones de exterminio sistemático por motivación ideológica planeados de forma premeditada e implementados por el régimen franquista desde el principio del levantamiento militar hasta el final de la dictadura.

“Por ello, ésta podría ser considerada la primera de un nuevo tipo de exhumaciones judicializadas y acordes a la nueva Ley de Memoria Democrática y más similares a las implementadas en cualquier otro país con delitos similares contra los derechos humanos y que cuentan con protocolos legales que respetan a las víctimas y las tratan como tales. Si bien hasta el momento no han sido consideradas jurídicamente como crímenes contra la humanidad”, destacó.