Esta será la cuarta vez que los secretarios judiciales acudan a la huelga desde los primeros paros, que se produjeron en la pasada primavera, para reivindicar la organización definitiva de la oficina judicial y la definición de las funciones específicas de su cargo, como principales objetivos.

Los portavoces del comité de huelga señalaron que, aunque no se quiere perjudicar a los ciudadanos, esta es la única medida posible para que el Ministerio de Justicia se decida a dialoar con ellos y a emprender la reforma de la oficina judicial, acordada en 1978 por el entonces titular del departamento, Enrique Múgica.

"Hemos dado muestras de diálogo hasta la saciedad", declaró Luis Martín, representante de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, "sin que hayamos obtenido ninguna respuesta del ministerio, ni siquiera a la petición de una entrevista con el ministro, que solicitamos antes de la primera huelga".

Los representantes de los secretarios precisaron que el miniterio ni si quiera se ha reunido con el comité de huelga para establecer los servicios, mínimos tal y como establece la Constitución.

"Justicia no tiene intención de pararse a negociar, ya que se escuda en nuestras huelgas para decir que la Administración de Justicia no funciona por este motivo", añadió Luis Martín.

Otra de las peticiones de los secretarios es un incremento salarial de un 35 por ciento, "ya que desde que en 1985 asumimos nuevas funciones, no se nos ha retribuido de manera especia ni se ha adecuado el sueldo".

Las asociaciones convocantes calculan que sólo en Madrid capital el número de diligencias judiciales paralizadas serán unas 15.000 diarias, ya que prevén un seguimiento del 90 por ciento, a la vista de los resultados de las anteriores convocatorias.

Esto supondrá, según ellos, un gasto aproximado de 200 millones de pesetas diarios para la Administración de Justicia, "porque por cada secretario en huelga se paraliza toda una oficina y hemos tenido en cuenta que el pesonal laboral de la Administración de Justicia se acerca a las 40.000 personas, con un sueldo medio de 5.000 pesetas diarias".

Los servicios mínimos garantizarán la celebración de juicios de causa con preso y subastas judiciales, mientras que el resto de servicios esenciales se cubrirán a través de los juzgados de guardia.