LOS SECRETARIOS JUDICIALES POSPONEN HASTA FEBRERO LA HUELGA INDEFINIDA

MADRID
SERVIMEDIA

La Unión Progresista de Secretrios Judiciales (UPS) y la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia, que integran el comité de huelga, se comprometieron hoy ante los funcionarios madrileños a convocar una huelga para el próximo 10 de febrero si para entonces el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, no ha presentado ante el Congreso el proyecto de Ley de Reforma de la Oficina Judicial.

Los secretarios de Madrid se reunieron hoy en asamblea en los Juzgados de Plaza de Castilla para decidir si resetaban el acuerdo alcanzado antes de Navidad por ambas asociaciones, que prefirieron esperar hasta finales de enero, o convocaban la huelga indefinida.

Según un portavoz de la UPS, al final se alcanzó una "solución salomónica" y se respetarán los acuerdos de diciembre, con el fin de otorgar un voto de confianza al ministro, que en su última comparecencia ante el Congreso se comprometió a presentar el anteproyecto antes de que finalizara el primer mes de 1992.

En caso de que incumpla su promesa, l huelga "estaría más que justificada" y los secretarios iniciarían un proceso de huelga indefinida con la intención de "paralizar los juzgados y forzar al ministro a emprender el diálogo".

Las mismas fuentes precisaron que sólo en el caso de que el proyecto sea aprobado en el Consejo de Ministro del 7 de febrero se procederá a desconvocar los paros. El llamamiento a la huelga se mantendrá aunque el ministerio presente un borrador ante el Consejo General del Poder Judicial, "porque esto no garantiza suaprobación".

Tampoco será desconvocada la huelga si el proyecto no satisface a los funcionarios, "porque al margen de su compromiso formal con los grupos parlamentarios, los secretarios vamos a reclamar al ministro ese incumplimiento continuado que ha tenido con nosotros".

Los secretarios judiciales han portagonizado cinco huelgas desde la pasada primavera, las dos últimas a nivel nacional, con un seguimiento mayoritario en todas las provincias.

Desde entonces sólo han conseguido entrevistare con el director general de la Administración de Justicia, interlocutor que no consideran válido, ya que "de él sólo obtenemos frases como 'no estoy autorizado', motivo por el que queremos una entrevista con el ministro", indicaron.

(SERVIMEDIA)
13 Ene 1992
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