En una nota del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Seoane se refiere a la nueva redacción del artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesl, sobre las diligencias de entrada y registro en domicilios particulares con mandatario judicial, que autoriza a la policía como fedatario público.

"Una vez más", dice el presidente del colegio, "los secretarios judiciales exigimos que se cumplan todas las garantías establecidas por la Constitución, entre las que no puede faltar la veracidad de las actuaciones judiciales, que sólo puede cumplirse con la intervención de los secretarios o los oficiales que ellos habiliten según la Ley Orgánica del Pode Judicial (LOPJ)".

A su juicio, "no hay que olvidar que el secretario, según la LOPJ, es el único funcionario competente para dar fe con plenitud de efectos de las actuaciones judiciales, ostentando el carácter de autoridad, y, en todo caso, podrá decidir habilitar o no a un oficial para determinadas diligencias de documentación. Así se han manifestado los secretarios de los juzgados de instrucción de Barcelona y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que considera nula cualquier actuación probatoria sn este requisito".

En el comunicado, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales reitera que "mantendrá el plazo dado por el mismo ministerio para ofrecer un acuerdo definitivo a los secretarios sobre las funciones y retribuciones a los responsables de la oficina judicial, antes de llegar a otra huelga de la Justicia, hasta el próximo 31 de mayo".

"De no llegar a una oferta satisfactoria a nuestras demandas", concluye la nota, "las bases del colegio ya han enviado desde Alicante, Madrid y Valenia -y continúan llegando- su decisión de comenzar una nueva huelga para el mes de junio".