LOS SECRETARIOS JUDICIALES DICEN QUE LA "LEY CORCUERA" "HA PERMITIDO PAGOS CON DROGA"
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El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ha hecho público un comunicado en el que afirma que la "ley Corcuera" es "la responsable de que mandos y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado hayan podido hacer pagos a confidentes de la droga con prte de los alijos incautados".
Los secretarios apoyan esta aseveración afirmando que "dicha ley y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permiten el registro domiciliario y custodia de la droga, sin la presencia del secretario judicial, a la Policía y Guardia Civil".
"El presunto desvío de droga a confidentes nunca se habría producido con la preceptiva presencia de un secretario judicial, como establecía la anterior Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), para las entradas a domicilio y reistros, al igual que es impensable que desaparezcan los libros de cuentas de Filesa custodiados por un secretario judicial del Supremo".
A juicio del presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Jesús Seoane, "si las diligencias de entrada y registro a locales cerrados se hiciera ante el secretario judicial, como establecía el derogado artículo 569 de la LEC y la Ley 10/92, antes de la reforma de la 'ley Corcuera', no se hubieran producido las presuntas irregularidades ahora investigadas.
Seoane se pregunta en la nota "qué intereses han generado la restricción del carácter de fedatario público del secretario en estas operaciones, como principal garante de la custodia de toda la droga incautada en los registros y alijos, y puesta a disposición del juez, cuando surgen asuntos tan tristes para la imagen de la Justicia y sus fuerzas de seguridad".
"Con esta custodia judicial efectiva del secretario, no habría posibilidad de donación alguna de droga, salvo autorización del juez, que o obstante sería ilegal, ya que ésta debe ser obligatoriamente destruida en su totalidad, bajo la vigilancia del secretario", agrega el colegio.
En opinión de los responsables del colegio, "este incipiente escándalo es una prueba más de la postura mantenida por numerosos miembros de la carrera judicial de que la investigación criminal la deben realizar un ministerio fiscal plenamente independiente, auxiliado por la policía judicial bajo sus órdenes, como máxima garantía -junto a la presencia del secreario- para el justiciable, al igual que ocurre en casi la totalidad de países de la CE", concluye la nota.
(SERVIMEDIA)
16 Dic 1992
CAA