Según la Plataforma Conjunta de Secretarios Judiciales, convocante de los paros, han recibido amenazas para que abandonen la huelga. Este hecho piensan ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres.

Entre los presidentes de tribunales superiores que podrían ser denunciados judicialmente están el de Madrid, Clemente Auger, y el de la Audiencia Provincial, Gil Sáez. Los secretarios consideran que trtan de limitar su derecho constitucional a la huelga.

Además, no descartaron la posibilidad de denunciar al Ministerio de Justicia y al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por una posible restricción de un derecho fundamental.

También han trasladado su caso al defensor del pueblo, Alvaro Gil Robles, y a la Unión Europea de Secretarios Judiciales, para que les asesore.

CUARTA HUELGA

Esta será la cuarta vez que la Plataforma Conjunta de Secretarios Judiciales -que agupa a la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y a la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia- vaya a la huelga desde sus primeros paros de la pasada primavera.

Los convocantes de la protesta calculan que sólo en Madrid capital el número de diligencias judiciales que quedarán paralizadas ascenderá a 15.000 diarias, ya que prevén un seguimiento del 90 por ciento

Su última huelga, que realizaron el 17, 18 y 19 de septiembre, obligó a suspender cerca de 15.000 juicis, según sus cifras, debido al masivo seguimiento.

La protesta del 23 al 25 de este mes tendrá carácter nacional y sus objetivos fundamentales son dignificar la profesión, negociar con Justicia aspectos de su trabajo y la adecuación de sus retribuciones.

Los servicios mínimos garantizarán la celebración de causas con preso y las subastas judiciales, mientras que el resto de los servicios esenciales se tramitarán a través de los juzgados de guardia.