Por su parte, la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia, mayoritaria y componente también del comité de huelga, se ha mostrado partidaria de esperar hasta el final del mes de enero para decidir la continuación de las movilizaciones.

Según indicó a Servimedia Luis Martín, portavoz de la UPS, que cuenta con el 30 por ciento de los secretarios judiciales afiliados en toda España, las conversaciones mntenidas hasta el momento con el director general de la Administración de Justicia no son válidas, "porque nuestras reivindicaciones escapan de su ámbito de competencias".

Añadió que cree que la huelga indefinida es el único sistema para forzar al ministro a iniciar las negociaciones, como han hecho los funcionarios de prisiones o los inspectores de Hacienda, y consideró que la discrepancia con la Asociación Sindical "es una vuelta a los orígenes", cuando la UPS convocó los primeros paros en Madrid lapasada primavera.

Eduardo Saavedra, representante de la Asociación Sindical, indicó a esta agencia que aunque respetan la posible convocatoria de huelga de la UPS, su colectivo prefiere esperar hasta finales de enero, "después de escuchar a todos los delegados provinciales".

Saavedra considera que es bueno dar un margen de confianza al ministro de Justica, Tomás de la Quadra-Salcedo, y esperar a ver si presenta la Ley de Reforma de la Oficina Judicial antes de que finalice el presente mes, "tal ycomo se comprometió en su última comparecencia ante el Parlamento".

Según datos de la UPS, en toda España existen 2.007 secretarios judiciales, de los que el 20 por ciento no están afiliados a ninguna organización, el 50 por ciento están adscritos a la Asociación Sindical y el 30 por ciento restante a la Unión Progresista.

Desde la pasada primavera han sido cinco las huelgas mantenidas por los secretarios judiciales, las dos últimas convocadas a nivel nacional, con un seguimiento mayoritario en tdas las provincias.

Los secretarios tienen en la reforma de la oficina judicial, que el ministerio se comprometió a emprender en 1978 cuando el titular del departamento era Enrique Múgica, su principal objetivo.

Con ella esperan "dignificar la profesión", a través de la organización definitiva de la oficina judicial y la definición de las funciones específicas de su cargo.