En una rueda de prensa ofrecida hoy por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, los dirigentes de la asociación mayoritaria en España mostraron su disconformidad con el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia, "que se ha aprobado sin tener en cuenta la opinión de sus impulsores".

Para los representantes de los secetarios, la reforma de la Justicia española, "que sigue funcionando con esquemas de 1970", es la asignatura pendiente de las reformas emprendidas por el PSOE "y nosotros somos el único cuerpo técnico superior de la Administración con el que existen conflictos".

Aunque reconocieron que existe cierta voluntad de trabajar en la reforma, agregaron que ésta se sigue planteando "sin la dotación de dinero y de medios necesarios para acometerla", lo que afectará directamente a los juicios rápidos, que, en opiión de los secretarios, supondrán una carga más para los juzgados mientras no se creen otros nuevos.

"Puede que se trate de una utopía que salga adelante", declararon, "pero sólo por la dedicación de jueces, magistrados y demás componentes de la oficina judicial".

Para el presidente de la asociación, Jesús Seoane, el hecho de que el ministerio elabore "reformas que nos afectan" sin consultar, como es el caso de la reforma procesal, aumenta el estado de "desmoralización y crispación" en el que se ncuentran los secretarios.

Los funcionarios anuncian una huelga de al menos 15 días de duración a partir del próximo 10 de febrero si el ministro no presenta antes de que finalice este mes el borrador de la reforma de la oficina judicial, tal y como prometió en su última comparecencia ante el Congreso.

De mantenerse el paro, los secretarios emprenderían su sexta huelga desde la pasada primavera, "aunque está vez será menos civilizada que las anteriores y creo que muchos funcionarios se negarán a umplir siquiera los servicios mínimos", dijo Seoane.

Seoane destacó que aunque en conversaciones privadas mantenidas con el ministro éste le ha manifestado su deseo de llegar a "un punto de encuentro", la ansiada negociación con el ministerio no se produce nunca, "y no es que dude de su palabra, pero debemos exigir que la cumpla. Un ministro que no es capaz de cumplir una promesa realizada ante el Parlamento, debe dimitir".

Señaló que, de momento, el ministerio ha vuelto a solicitar a los secretaios que envíen las bases a tener en cuenta en la redacción definitva del proyecto de ley anunciado, aunque explicó que éstas ya fueron enviadas hace casi un año, sin que fueran tenidas en cuenta.

"Prueba de ello", dijo, "es que el proyecto de reforma procesal delega en los notarios la declaración de herederos en primer grado, que podría ser hecha ante los secretarios gratuitamente, mientras que los notarios cobrarán un arancel a los ciudadanos".