Arango, quien recordóque en los países europeos se adoptaron medidas similares durante las décadas pasadas y no se convocaron huelgas generales, señaló que el Gobierno tendrá que garantizar a los ciudadanos el ejercicio libre de sus derechos durante el 28-M.

El responsable de Empleo destacó que "se está confundiendo el subsidio de desempleo, que corre a cargo del Estado, con el seguro de desempleo, que se nutre de las aportaciones de los empresarios y los trabajadores a la Seguridad Social".

Dijo que el denominado "dcretazo" afecta al seguro y no al subisido y explicó que el objetivo de la medida es garantizar un sistema que tenga en el futuro un equilibrio financiero.

En 1991, señaló, el Estado tuvo que aportar, junto al subsidio, 275.000 millones de pesetas para cubrir las necesidades del Inem y en 1992, "si las cosas no cambian, habrá que aportar 350.000 millones".

"Si tenemos un seguro de desempleo quebrado, que en términos individuales era más alto que en los países comunitarios y en bastantes casos se ercibía en el paro más que trabajando, creo que había razones suficientes para reformar el sistema", comentó.

Jesús Arango, que pronunciará esta tarde una conferencia en la Universidad de Deusto para explicar la política de Empleo del Gobierno, afirmó que el Ejecutivo aún no ha tomado ninguna medida especial para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos durante el paro general del 28-M.