Pérez señaló en la sede de su Ministerio que el trámite consiste "en la recepción de la solicitud, hoy mismo se pone en marcha el expediente, la comprobación de los antecedentes y la declaración de ilegitimidad como contempla la ley".

"El plazo máximo para el desarrollo de la ley es de tres meses, pero la previsión es que se produzca una tramitación telemática por Internet" en estos casos, afirmó Pérez.

El secretario de Estado de Justicia concluyó que "esta es una declaración moral, política, que deshace y destruye la apariencia de legitimidad que pudieran tener actos de persecución de personas concretas" como Companys.