Así lo anunció hoy el director general de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, Javier Cortés, quien detalló los puntos principales del tercer Plan director de la Cooperación Española durante una jornada sobre RSC y Ayuda al desarrollo organizada por Economistas sin Fronteras en Madrid.

Según Cortés, "el 70% de los flujos económicos mundiales proceden del sector empresarial, por lo que su implicación en la lucha contra la pobreza resulta imprescindible". De ahí se deriva la apuesta de la AECID por impulsar las alianzas público privadas y los principios de la RSC dentro de la cooperación, explicó.

El director general subrayó que "nosotros creemos en la voluntariedad", pero concederemos prioridad a aquellas compañías que destaquen en la implantación de estas buenas prácticas".

RETOS Y OPORTUNIDADES

Por su parte, el coordinador de la Plataforma 2015, Pablo Martínez Osés, destacó "la coherencia entre políticas, el cálculo del impacto sobre la reducción de la pobreza y la asunción de una agenda común como los principales retos que este nuevo enfouqe de la cooperación española debe afrontar.

En su opinión, la ayuda al desarrollo debería vertebrar todas las políticas sectoriales en los países a los que va destinada y determinar los objetivos en cada ámbito (educación, agricultura, etc.)"

Asimismo, coincidió con Cortés en la preocupación por que la irrupción del sector empresarial implique "un cambio en las prioridades en la lucha contra la pobreza" y se olvide toda la experiencia acumulada durante 50 años.

Por ello el director general defendió la necesidad del "conocimiento mutuo y del diálogo" entre empresas,administraciones públicas y organismos internacionales.

Con este fin, se promoverá un grupo de trabajo sobre RSC en el seno del Consejo Estatal de Cooperación, anunció, y recordó que "en el Consejo Estatal de Responsabilidad de las Empresas ya se ha creado uno (grupo de trabajo) sobre cooperación internacional".

Finalmente Cortés resumió las oportunidades de la colaboración empresarial, tales como la implantación en los países pobres de principios de RSC (condiciones laborales, derechos humanos, respeto medioambiental, transparencia y buen gobierno); la conversión de empresas especialmente comprometidas en actores de desarrollo social, y la implicación de compañías de bandera en la modernización de aquellos sectores donde desarrollan sus negocios, especialmente en áreas estratégicas como las telecomunicaciones, la energía, etc.