Figar respondía así a las críticas vertidas por la dirigente socialista Consuelo Rumí, quien ayer acusó al Gobierno de usar con fines propagandísticos la citada ley.

En declaraciones a Servimedia, la secretaria general de Asuntos Sociales dijo que "la ley responde a las inquietudes y reivindicaciones del sector de la incapacidad" y "es fruto de un proceso de dilogo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las asociaciones representativas de las personas con discapacidad".

A su jucio, esta norma recoge "avances fundamentales", como la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación, la modificación de la ley de propiedad horizontal que obliga a todas las comunidades de propietarios a que realicen las obras necesarias para hacer accesible un inmueble cuando un discapacitado viva o trabaje en él y la regulación del uso de la lenguade signos.

Además, prosiguió, contempla el reforzamiento del diálogo social con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad, mediante su inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, además del establecimiento de un calendario de accesibilidad, por ley, para todos los entornos, productos y servicios nuevos y ya existentes.

Figar especificó que su departamento ha aprobado el Plan Nacional de Accesibilidad dos años antes de lo que preveí la ley, por lo que todos los plazos en el calendario "se reducirán en dos años".