En un auto hecho público hoy, Garzón argumenta que los hechos denunciados no constituye una actividad falsaria de las que suele investigar la Audiencia Nacional, "no comporta ni un perjuicio generalizado para una serie de personas" que puedan sentirse estafadas, "ni afecta a la economía nacional, ni produce grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil".

Garzón, que destaca la "eficaz intervención y la ágil investigación" llevada a cabo por la Guardia Civil en este caso, añade que, "hasta el momento, los únicos que han obtenido el beneficio del documento son aquellos que lo an adquirido sabiendo que era falso".

El juez sostiene que "la pintoresca y torticera actuación de los imptuados simulando la existencia de un país y unas falsas identidades no genera por sí sola la competencia de la Audiencia Nacional".

Agrega que "no está acreditada la existencia de estafas cometidas en el extranjero, ni un plan sistemático para defraudar o falsificar, sino que más bien parece que en cada país lo que las personas implicadas hacen es aprovechar el país fantasma para desarrolar actividades ilícitas".

Para Garzón, las conductas presuntamente ilícitas que algunas personas puedan cometer con la documentación falsa adquirida "deberán ser dilucidadas en el marco de cada uno de los procesos penales que se inicien".

ENGAÑO

De esta forma, Garzón da la razón al fiscal Enrique Molina, para quien la Audiencia Nacional no es competente para estudiar este caso, al considerar que no se trataba de un capítulo de estafa. A su juicio, no existe el elemento esencial que caracterza este tipo de delitos: el engaño.

Este caso recayó en el despacho del juez Garzón, después de que el juzgado de instrucción número 10 de Madrid se inhibiese a favor de la Audiencia Nacional, al haber más de 60 personas implicadas, muchas de ellas de nacionalidad extranjera. Todos ellos se encuentran imputados por los presuntos delitos de falsedad y estafa.

En este caso se encuentran imputados unos 30 españoles, así como ciudadanos alemanes, austriacos, franceses, chinos, chipriotas, italians, ucranianos, rumanos, rusos, chilenos y estadounidenses. Todos ellos se identificaban como cónsules, embajadadores o ministros del Principado de Sealand.

Entre los detenidos españoles se encuentra Francisco Trujillo Ruiz, un almeriense de 46 años que fue expulsado de la Guardia Civil en 1978 por un delito de robo, y que se hacía pasar como regente del falso país.

Trujillo fue detenido por la presunta venta, a través de Internet, de negocios, pasaportes diplomáticos, certificados de ciudadana y títulos universitarios de Sealand. Fuentes de la investigación han cifrado en miles de millones de pesetas la estafa cometida por esta red internacional.

Las investigaciones comenzaron en noviembre, cuando uno de los integrantes del cuerpo diplomático del falso Principado de Sealand exhibió su pasaporte para exigir inmunidad en el momento en que iba a ser detenido por su presunta implicación en un fraude de gasolina adulterada, valorado en 1.000 millones de pesetas.

El testimonio de Robero Marenco, ex militar argentino y ex miembro de los servicios de información de Sealand, ha sido clave para las investigaciones de este caso.

Según Marenco, el ex guardia civil Trujillo emigró a Alemania, donde trabajó para la empresa Isopol GMBH. El propietario de esta sociedad, Friedbert Ley, fundó en el país germano la primera "Sealand House", autoproclamándose primer ministro del falso Estado.

FALSOS PASAPORTES

Este ex miembro del falso principado asegura que el Sealand alemán proporcioaba los pasaportes diplomáticos para abrir cuentas corrientes en Eslovenia, con las que supuestamente se blanqueaba dinero de la mafia rusia.

Así, el ex guardia civil regresó a España como representante de la misma empresa alemana, importando la idea del falso Estado. Trujillo dotó al Principado de Sealand de embajada, con regente y un cuerpo diplomático constituido por cónsules, embajador itinerante y varios asesores.

El Principado de Sealand, que fue fundado en 1967 por Roy y John Bates, seencuentra en el Mar del Norte y está a unos 10 kilómetros de la costa británica de Sufford, es en realidad una vieja plataforma marina hecha de metal y cemento, construida por los ingleses en la Segunda Guerra Mundial para defenderse de los ataques aéreos alemanes.