El fiscal argumenta que, en este caso, "queda excluido el elemento esencial de la estafa: el engaño". En este sentido, explica que "quien a través de un servicio de Internet demanda [...] la obtención de documentación falsa, con plena consciencia de su condición espuria y acepta pagar por ella un precio en dinero, en forma alguna puede considerarse estafado".

En cuanto a los documentos emitidos por e ficticio Principado de Sealand, Molina sostiene que "en forma alguna dichas falsedades afectan al crédito o interés del Estado español" y añade que "no se trata de documentos españoles o de un Estado de la Unión Europea que faciliten la libre deambulación y negociación en los Estados miembros".

Además, Molina afirma que el negocio que tenían los representantes del falso Principado de Sealand estaba perfectamente localizado en Madrid y rechaza que "la circunstancia de que las personas encausadas tenga su residencia en distintas provincias españolas altere el fuero competencial".

Asimismo, agrega que los delitos que hayan podido cometer los titulares de la documentación falsa facilitada por los respresentantes del falso Principado de Sealand son independientes de este caso.

El fiscal concluye también que "la organización instituida por las personas implicadas en esta investigación se lucraba, no por la comisión de una macroestafa, sino por la venta ilegítima de documentaciones falsas".

Trs este informe, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, encargado del caso, decidirá si continua adelante con la investigación o, por el contrario, lo devuelve a su juez natural.

PARA GARZON

Este caso recayó en el despacho del juez Garzón, después de que el juzgado de instrucción número 10 de Madrid se inhibiese a favor de la Audiencia Nacional, al haber más de 60 personas implicadas, muchas de ellas de nacionalidad extranjera. Todos ellos se encuentan imputados por los presuntos delitos de falsedad y estafa.

En este caso se encuentran imputados unos 30 españoles, así como ciudadanos alemanes, austriacos, franceses, chinos, chipriotas, italianos, ucranianos, rumanos, rusos, chilenos y estadounidenses. Todos ellos se identificaban como cónsules, embajadadores o ministros del Principado de Sealand.

Entre los detenidos españoles se encuentra Francisco Trujillo Ruiz, un almeriense de 46 años que fue expulsado de la Guardia Civil en 1978 por un dlito de robo. Este hombre se hacía pasar como regente del falso país.

Al súbdito español se le detuvo por la presunta venta, a través de Internet, de negocios, pasaportes diplomáticos, certificados de ciudadanía y títulos universitarios de Sealand. Fuentes de la investigación han cifrado en miles de millones de pesetas la estafa cometida por esta red internacional.

Las investigaciones comenzaron en noviembre, cuando uno de los integrantes del cuerpo diplomático del falso Principado de Sealand exhbió su pasaporte para exigir inmunidad en el momento en que iba a ser detenido por su presunta implicación en un fraude de gasolina adulterada, valorado en 1.000 millones de pesetas.

El testimonio de Roberto Marenco, ex militar argentino y ex miembro de los servicios de información de Sealand, ha sido clave para las investigaciones de este caso.

Según Marenco, el ex guardia civil Trujillo emigró a Alemania, donde trabajó para la empresa Isopol GMBH. El propietario de esta sociedad, Friedbert Ley,fundó en el país germano la primera "Sealand House", autoproclamándose primer ministro del falso Estado.

FALSOS PASAPORTES

Este ex miembro del falso principado asegura que el Sealand alemán proporcionaba los pasaportes diplomáticos para abrir cuentas corrientes en Eslovenia, con las que supuestamente se blanqueaba dinero de la mafia rusia.

Así, el ex guardia civil regresó a España como representante de la misma empresa alemana, importando la idea del falso Estado. Trujillo dotó al Principado deSealand de embajada, con regente y un cuerpo diplomático constituido por cónsules, embajador itinerante y varios asesores.

El Principado de Sealand, que se encuentra en el Mar del Norte, a unos 10 kilómetros de la costa británica de Sufford, es en realidad una vieja plataforma marina hecha de metal y cemento, construida por los ingleses en la Segunda Guerra Mundial para defenderse de los ataques aéreos alemanes.