Durante la presentación del informe "Atención a niños y niñas víctimas de la violencia de género", esta organización aseguró que los hijos de las mujeres que sufren este tipo de agresiones son, en ocasiones, víctimas directas de violencia física, o indirectas, porque presencian los enfrentamientos entre sus padres.

Por esta razón, exigió que sean contemplados por el sistema de protección como víctimas de la violencia de género y, como tales, sean atendidos adecuadamente.

El estudio ha sido realizado a partir de 254 entrevistas a profesionales, mujeres, niños y a 141 instituciones competentes en esta materia, procedentes de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Madrid y País Vasco.

Entre las deficiencias que la investigación pone de manifiesto, Save the Children destacó que el sistema de protección a la mujer, la normativa, los planes y los documentos técnicos sobre la violencia de género no los contemplan como víctimas, sino que su atención se deriva a través del apoyo que reciben sus madres.

Además, criticó que en ocasiones no se permita el acceso a centros de acogida a niños varones mayores de 12 años, así como que los recursos para atender a estos niños "están descoordinados y no son suficientes ni adecuados", entre otras cuestiones.

Durante el acto, la periodista Cristina Villanueva recordó que, según datos facilitados por la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, 62 mujeres y 7 niños fallecieron como víctimas de esta violencia. En cuanto al número de denuncias, indicó que fueron registradas un total de 55.000 durante el pasado año.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones, la coordinadora del informe, Pepa Horno, exigió una optimización de los recursos existentes y un refuerzo del sistema de atención no residencial; que se incrementen los programas de tratamiento terapéutico tanto para las víctimas como para los agresores; que no se excluya a los varones adolescentes de los centros residenciales o se incrementen los "escasos" recursos adaptados para las víctimas que presenten algún tipo de discapacidad.

Además, apostó por fortalecer la coordinación de los servicios a través de protocolos de actuación institucionalmente establecidos, "dotados de recursos con garantías de continuidad", promover la formación especializada de profesionales para la atención de los menores y suspender de forma temporal las visitas de los hijos e hijas de sus padres hasta que se pronuncie la unidad familiar sobre la cuestión.

La escritora Rosa Regás, quien asistió también a la presentación, recordó que "esta lacra social" provoca efectos en los niños generando, entre otros, problemas de socialización, de integración en la escuela, insomnio, ansiedad o síntomas depresivos, además del riesgo de que en un futuro se repitan en estos niños los patrones de violencia vividos con sus familias.

La investigación contempla, además, una serie de dibujos realizados por estos niños en los que, como ejemplos gráficos de la realidad, aparece de forma indirecta el miedo que muchos de ellos sienten hacia sus padres.

EL CASO DE MADRID

Por otra parte, la autora del informe de la Comunidad de Madrid, Dolores Perea, recalcó que la Ley Integral contra la Violencia de Género y el Plan Integral de la Comunidad reconocen a estos menores como víctimas (a diferencia de la ley orgánica 1/2004, que sólo reconoce los efectos de esta violencia en menores en la exposición de motivos).

No obstante, insistió en que "existen deficiencias", como pueden ser la insufiencia de recursos o la falta de formación específica de los profesionales.

Precisó que durante el año 2005, 4 mujeres resultaron muertas a manos de sus parejas y se registraron un total de 9.260 denuncias, el 15% del total nacional.