Lo hizo a través de un comunicado en formato de vídeo en el que recogió una declaración de su director general, Andrés Conde, quien llamó a aprovechar que “los abusos sexuales hacia niños y niñas ocupan el centro en nuestra agenda política” para que las investigaciones de estos delitos sean capitaneadas por las “autoridades competentes”.

A su juicio, “las investigaciones internas de instituciones religiosas, educativas o deportivas no son suficientes”, por lo que se impone “el deber legal de notificar esos abusos a autoridades como los servicios sociales o los juzgados de instrucción, para que personas cualificadas desarrollen las investigaciones pertinentes”.

Esto le sirvió para aseverar que “los supervivientes de abusos sexuales durante su infancia necesitan reparación y justicia, porque su sufrimiento ha sido inmenso”.

A su vez, Andrés Conde dejó claro que “los abusos no son una cosa del pasado, están ocurriendo en nuestro presente”, recordando que, según datos de la Policía, “más del 50% de las denuncias por agresiones y abusos sexuales tienen como víctima a un menor de edad”, al tiempo que se interpusieron “más de 5.300 denuncias por abusos y agresiones sexuales” contra menores en 2021.

Del mismo modo, reafirmó la necesidad de que la ley de protección de la infancia “se desarrolle y se llegue a aterrizar”, para lo cual urge “formación en los profesionales que están en contacto con la infancia, protocolos de prevención en los lugares donde tiene lugar la vida de los niños y las niñas, campañas públicas para sensibilizar sobre estas cuestiones y un sistema de justicia, especializado y amigable hacia la infancia víctima de abusos”.

Por último, señaló que “la atención política debe estar puesta en la reparación y en la justicia hacia los supervivientes, pero también en la prevención de todos los nuevos sucesos de abusos sexuales que, por desgracia, pueden tener lugar”.