Save the Children emitió un comunicado en el que "expresa su repulsa y preocupación respecto al contenido de la resolución, desestimando la validez de la declaración tomada en la fase de instrucción cumpliendo con todos los requisitos legales de una prueba preconstituida".

"Comparar, como lo hace la resolución, el daño que se produce al menor con este tipo de confrontaciones con el que una sentencia errónea produciría al acusado es una falsa disyuntiva. La garantía de los derechos procesales del acusado no ha de vincularse al sufrimiento de la víctima, sino a una correcta aplicación del sistema", añaden desde la organización.

En 2003, Save the Children realizó una investigación sobre la situación de los menores víctimas de abuso sexual en el procedimiento judicial y, según la organización, se constató la gravedad de la situación.

La decisión del Juzgado de Barcelona prueba que la situación que entonces denunció nuestra organización sigue siendo de preocupante actualidad", añadió la ONG.

"Ya es suficientemente grave que los hechos pudieran suceder y que el menor tenga que verse obligado a relatarlos, que por lo menos deberíamos lograr que lo tuvieran que hacer tan sólo una vez, fuera del juicio, garantizando la profesionalidad de quien trate con el menor y la protección de su bienestar", propone la ONG.

"La responsabilidad del tribunal no es sólo juzgar el delito sino proteger a los ciudadanos, tanto cuanto más si éstos son menores de edad. La presunción de la inocencia del acusado no es óbice para el cumplimiento de los derechos del menor y la protección de su bienestar", concluye el comunicado.