En un desayuno informativo en el Fórum Europa, Saura aseguró que el aprobado por el Parlamento catalán "no es un Estatuto de locura", sino que ha sido trabajado durante 18 meses y desde dos condiciones previas que fueron también las establecidas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: el respeto al marco constitucional y un gran consenso político.

El presidente de Iniciativa per Catalunya-Verds expresó su sorpresa por la campaña "peligrosísima" del PP en contra de una propuesta que ha pasado varios filtros de constitucionalidad, y dijo que, "a pesar de que todos en estos momentos somos todos expertos en Constitución en este país, nadie debe tener miedo" porque el texto acepta el Estado de derecho.

De hecho, enfatizó, "lo que es importantes es que un partido que no abandona su objetivo fundamental de que Cataluña sea independiente participe activamente y apoye una propuesta que respeta el marco de la Constitución".

En estas circunstancias, dijo no entender la actitud del principal partido de la oposición, al que acusó de de emplear argumentos propios de los tiempos de la República, con el fin de fomentar la "crispación, la confrontación y no el respeto de los procedimientos democráticos", lo que puede generar división no sólo política sino entre los ciudadanos.

En cuanto al PSOE, se felicitó de que ya tenga una posición reflejada en el documento de expertos presentado el pasado lunes, aunque considera que "llega tarde", lo que ha situado el Estatuto "en el vacío" durante demasiado tiempo. En cualquier caso, recalcó que ese informe dice que la propuesta. "globalmente no confronta con la Constitución".

MANTENER LA "NACIÓN"

Las observaciones sobre la constitucionalidad de algunos puntos, prosiguió, "no me preocupa", porque "para eso está el Congreso", y quien pensara que lo iba a aprobar sin cambiar una coma se equivocaba, es algo "imposible". No obstante, confió en que se mantenga lo fundamental de cinco pilares esenciales de la propuesta.

El primero de ellos es "destacar la identidad nacional de Cataluña", para lo que la propuesta de es clara, el término nación, que "no es sinónimo de Estado ni de soberanía", igual que Estado no tiene por que albergar una sóla nación, por lo que no entiende que sea necesario cambiarlo y animó a "desdramatizar" el debate sobre este concepto.

El segundo elemento sería la carta de derechos y el establecimiento de la igualdad jurídica entre el catalán y el castellano, lo que no supone una "discriminación" a la lengua común de los españoles. En tercer lugar, citó la petición de tres nuevas competencias: inmigración y la gestión de puertos y aeropuertos.

FINANCIACIÓN

La financiación es el cuarto eje de la propuesta, pero quiso dejar claro que "no es una propuesta concreta, no hay ni un sólo número", sino que se limita a fijar una serie de principios para negociar un sistema que en primera fase sería estudiado bilateralmente y posteriormente sometido al ámbito multilateral.

Criticó que es una "trampa" acusar a Cataluña de buscar el acuerdo bilateral y quebrantar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), cuando todo cambio en el modelo provoca una reforma de esa ley, y el mecanismo siempre empieza por una negociación bilateral y en segunda instancia en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Insistió en que la propuesta pretende que con el mismo esfuerzo fiscal todas las comunidades puedan prestar los mismos servicios, y pasa por que los impuestos recaudados en Cataluña sirvan para financiar los servicios que presta el Estado en esa comunidad y en el resto, los que presta Cataluña y la solidaridad, por lo que invitó a rebatir la idea de que "centralismo es sinónimo de solidaridad".

El quinto eje de la reforma son las relaciones con España y la Unión Europea, materia en la que reprochó al PP que advierta del riesgo de ruptura cuando lo que trata Cataluña no es de "desagregarse, sino de renovar el pacto" y aumentar su participación en órganos del Estado como el Constitucional o el CGPJ.