En este sentido, Ayala señaló que el decreto del Ministerio deIndustria no se ajustaba a la legalidad y recordó que "no puede ser que un ministerio regule con un real decreto, contraviniendo aspectos que están en la Ley de Ordenación del Sector Petrolero, aprobada anteriormente en el Parlamento español".

Asimismo, el dirigente de la patronal de petroleras expresó su satisfacción por la "marcha atrás" impuesta por el Consejo de Estado al Ministerio de Industria, porque evita una medida que hubiera afectado a la calidad y seguridad de los suministros.

Ayala sbrayó que la principal preocupación de las petroleras era el impacto medioambiental, por la escasa seguridad exigida a esas instalaciones, y el posible fraude fiscal a que pudieran dar lugar.