Según la nueva regulación, los fabricantes de maquinaria y soportes de copia deberán pagar a las entidades de gestión un canon por cada aparato o cinta de audio y vídeo que vendan, y ese dinero e dedicará a la compensación de las personas que han intervenido en la realización del original, que dejan de cobrar sus derechos cuando se realizan las copias.

La LCP establece que los fabricantes e importadores pagarán 30 pesetas por hora de grabación de las cintas de audio vírgenes y 50 pesetas por cada hora de cinta de vídeo, mientras que los fabricantes proponían la aplicación de un canon de 12 pesetas por hora de audio y 2 pesetas simbólicas por hora de vídeo.

Fuentes de la Asociación de Faricantes de Soportes Magnéticos (Anfima) aseguraron, mientras se estaba debatiendo en el Senado el proyecto de reforma de la ley que contemplaba el cánon por copia privada, que la aplicación de esta tasa encarecería drásticamente los precios de las cintas, en unos 7.000 millones de pesetas anuales sobre las actuales cifras de ventas, lo cual repercutirá directamente sobre los consumidores.

El paso del proyecto de ley por las dos cámaras de las Cortes, después de que durante cuatro años no se hubieran uesto de acuerdo fabricantes y productores sobre el precio de compensación que debía pagarse por copia privada, ha estado jalonado por la lucha de ambas partes para influír sobre la opinión de los diputados y senadores al respecto.

Esas presiones han conseguido algunas variaciones sobre el proyecto inicial, y así el Congreso ratificó hoy la nueva Ley de Copia Privada con la aprobación de todos los grupos políticos, a excepción del PP, a pesar de que en un primer momento había ciertas reticencias por prte de los grupos nacionalistas.

GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA

Fuentes del colectivo de entidades de gestión aseguraron a Servimedia que "la aplicación de la legislación sobre Propiedad Intelectual, supone para el Estado la consolidación de uno de sus principales valores morales y culturales, y para los creadores, la garantía de su independencia económica y creativa, incluso frente al Gobierno".

Por su parte, fuentes de Anfima explicaron que la nueva ley les perjudica, pero tratarán aún de negocir la forma en que les produzca menores daños, como la deuda de 20.000 millones de atrasos generados por la falta de aplicación de la ley desde que debía entrar en vigor en 1989, que podrían ser condonados.

Los responsables de las diferentes empresas de fabricantes e importadores integradas en la asociación debatirán hoy su postura ante la nueva ley, aunque ya adelantaron a Servimedia que harán lo posible para hacer esta legislación aplicable.

PERDIDAS POR FOTOCOPIAS

Por su parte, el presidente el colectivo de gestión de derechos editoriales (CEDRO), Miguel Mangada, denunció hoy dentro del congreso Liber 92 que el sector del libro arrastra unas pérdidas de 45.000 millones de pesetas por el uso masivo que se hace de la fotocopia.

Mangada aseguró que de los 26.000 millones de fotocopias anuales que se realizan en nuestro país, un 22 por ciento (5.800 millones de pesetas) son material protegido por derechos de autor, lo cual supone una pérdida inmediata de 15.000 millones al año.

La nueva CP, que prevé una remuneración para el sector del libro cercana al 3 por ciento del valor de mercado de las fotocopias, ofrecerá una posible solución legal a las reivindicaciones de autores y editores y ayudará a paliar en buena medida la crisis que padece el sector, según fuentes de CEDRO.