Nicolás Sartrius pidió a Hormaechea que tenga la dignidad suficiente para dimitir, "lo cual sería un acto de civismo que es difícil esperarlo en él".

En su opinión, los escándalos han invalidado a Hormaechea como interlocutor ante cualquier instancia, incluido el Gobierno central, del cual dijo que está obligado a abrir una mesa de negociación con UGT y CCOO después de la huelga general que paralizó esa región el pasado 12 de marzo, en protesta por la progresiva desindustrialización.

Sartorius hizo estas afimaciones en una rueda de prensa celebrada poco desués de terminada la reunión semanal de la Presidencia Federal, en la que se debatió la crisis de Cantabria y las repercusiones de la huelga general del pasado 12 de marzo.

A la reunión asistieron el coordinador general de IU en Cantabria, Angel Agudo, acompañado por varios miembros de la Presidencia regional de la coalición.

Según Agudo, Cantabria está en una situación de "bloqueo político" tanto por el desprestigio que supone la permanencia de Jun Hormaechea y cuatro de sus consejeros al frente del Ejecutivo autónomo (están procesados por malversación de fondos en su anterior mandato), como por la falta de respuesta del PSOE a esta situación.

LA REGION MAS CORRUPTA

El PSOE, partido mayoritario de la oposición, "más allá de exigir la dimisión de Hormaechea, no se está planteando ninguna iniciativa política para dar salida a los problemas económicos y políticos que tiene Cantabria", explicó el dirigente regional de la coalición.

"No hay inguna iniciativa concreta (del PSOE) ni en la Asamblea de Cantabria ni en las Cortes (...) Aparte de que la crisis afecta a toda la Cornisa Cantábrica, en Cantabria hay un problema político que hay que desbloquear".

A juicio de Agudo, esa comunidad necesita una "regeneración ética" porque, en términos políticos, es la región "más corrupta".

A ese respecto, el coordinador regional de IU en Cantabria se reafirmó en que la única salida a este contencioso político es la celebración de elecciones antcipadas, para lo cual se necesitaría con el consentimiento del Gobierno central, ya que Cantabria no tiene competencias para convocarlas.