Según informaron hoy fuentes jurídicas, Blázquez indicó que no cree de ninguna manera que Fraile fuese el testaferro de Sarasola en una empresa de Panamá en la que supuestamente recibió las comisiones por mediar en la adjudicación de las obras del Metro de Medellín, ya que, según explicó, el empresario tenía numerosos contactos en el extranjero y specialmente en Sudamérica, por lo que sería ridículo que escogiese a un testaferro español.

No obstante, reconoció que él conocía a Fraile, ya que trabajó durante unos meses con él en una empresa de Madrid de exportación e importación, aunque señaló que dejó esa relación comercial después de tener la impresión de que aquél no era un hombre de empresa.

Blázquez, quien indicó que tuvo negocios inmobiliarios con Sarasola, explicó que ambos asistieron a una comida celebrada en un restaurante en Madrd en mayo de 1983 en la que participaron todos los representantes del consorcio hispano-alemán que posteriormente fue el adjudicatario de las obras del Metro.

Señaló que su asistencia tenía la finalidad de poder participar en dicho negocio, aunque añadió que finalmente no pudieron entrar. Sin embargo, según las citadas fuentes, Blázquez no fue preguntado si Sarasola indicó en esa comida que Colombia garantizaba la adjudicación del contrato a ese consorcio.

Además, el socio de Sarasola también dij desconocer si existía un calendario de pago de comisiones por parte de las constructoras y negó que el empresario tuviese empresas de construcción o de ferrocarriles en Colombia.

Blázquez fue citado por el juez en calidad de imputado, aunque, según fuentes próximas a la defensa, realizó su comparecencia como testigo dado que el magistrado no le advirtió de lo contrario.

Con anterioridad a Blázquez compareció ante el magistrado como testigo José Manuel Barberán, ponente de la auditoría que hizo e Tribunal de Cuentas a la empresa pública Ateinsa, en la que detectó que esta sociedad, que participó en las obras del Metro de Medellín, había pagado 473 millones sin justificarlo adecuadamente.

Según declaró ayer ante el juez el ex presidente del INI, Jordi Mercader, al que pertenecía Ateínsa, esa partida fue destinada al pago de comisiones por participar en la construcción y agregó que justificó ese pago en una carta que envió al Tribunal de Cuentas.

Tras las comparecencias de hoy, el juez Morno decidirá si cita a declarar a Sarasola, que presuntamente habría cobrado 3.500 millones de pesetas de las empresas constructoras en concepto de comisiones.