La pugna entre el Santander y Total surgió al lanzar el primero una OPA por el 12,13% del capital de Cepsa el 25 de septiembre de 2003.

Ahora, el tribunal da la razón al banco y ha aceptado la interpretación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 26/2003, de 17 de julio, que ha venido manteniendo el banco. En consecuencia, estima que los pactos parasociales contenidos en los acuerdos referidos a Cepsa que existían entre el banco y Total quedaron ineficaces por aplicación de la citada disposición transitoria tercera.

No obstante, el hecho de que el Santander formulara la oferta pública de adquisición sin consultar previamente con Total determinó, a juicio del tribunal, el nacimiento de una divergencia insuperable entre ambos, lo que, en aplicación de la parte de los acuerdos que no habría quedado ineficaz, supone el derecho de Total de recomprar al banco un 4,35% de Cepsa al precio previsto en los acuerdos.

El Santander y Total deberán proceder a la liquidación de la sociedad Somaen Dos. En consecuencia, corresponderá al banco un 19,92% de acciones de Cepsa y a Total un 8,31% de acciones de Cepsa procedentes de Somaen Dos.

PARTICIPACIÓN

El Santander consolida, por tanto, su participación en Cepsa en un porcentaje de, aproximadamente, el 27,7%, una vez deducido el 4,35% que es objeto del derecho de Total en caso de que sea ejercitado.

Teniendo en cuenta el coste en libros de la participación del banco, un precio de mercado de 45 euros por acción de Cepsa y el precio de ejercicio del derecho de Total sobre el 4,35% del capital de dicha sociedad, el Santander tiene una plusvalía estimada en Cepsa de aproximadamente 1.300 millones de euros.

El tribunal rechaza la pretensión de Total de que el Santander asuma los costes fiscales resultantes de la separación de las participaciones de Cepsa, así como la de que el banco quede obligado a devolver al mercado el 12,13% de Cepsa que adquirió en la OPA y la petición de indemnización por importe de 500 millones de euros como daños morales.

Algunas cuestiones, como posibles daños derivados específicamente de la falta de adecuación al criterio de buena fe, así como gastos y costas del arbitraje, quedan pendientes de una resolución complementaria.

Mientras se ejecuta lo acordado en el laudo permanecen vigentes las medidas cautelares previamente adoptadas que afectan a la participación en Cepsa a través de Somaen, pero no a la participación del 12,13% adquirida a través de la OPA.