El pasado día 10, el Alto Tribunal decidió que el magistrado era competente para seguir con la investigación a pesar de que entre los presuntos titulares de uno de los contratos de cesión de crédito figuraba un aforado, el diputado Cartagena.

Las citadas fuentes señalaron que una de las primeras resoluciones que tomará el juez Moreiras cuando recib la comunicación del Tribunal Supremo será citar a declarar a Cartagena, dado que así se lo permite la resolución del Alto Tribunal, que precisa que se remitirán a su Sala Segunda las diligencias que afecten al diputado en el caso de que de las pruebas que practique el magistrado estime que existen indicios racionales de criminalidad contra él.

Descartaron, por el contrario, que el juez vaya a celebrar por el momento careos entre los presuntos implicados en este caso, entre ellos los directivos del Baco de Santander, y recordaron que el fiscal se opuso a varias diligencias de este tipo solicitadas por una de las partes.

Moreiras inició esta investigación en 1992, detectando más de 47.000 operaciones de cesión de créditos, en la mayoría de las cuales sus titulares aparecían ocultos bajo personas interpuestas o con nombres falsos, lo que dificultó las indagaciones.

El juez evalúa en unos 1.800 millones de pesetas el presunto fraude fiscal cometido por el Banco Santander y dos entidades de su grpo, el Banco de Murcia y el Banco Jover, al no retener para Hacienda los intereses pagados a los clientes que firmaban contratos de cesión de créditos.

La instrucción de este caso por el juez Moreiras se vio envuelta en la polémica, al fijar el magistrado el 22 de diciembre de 1992 una fianza de 8.000 millones de pesetas a la entidad bancaria para hacer frente a las presuntas irregularidades que pudiera haber cometido.

Sin embargo, el 13 de enero de 1993 el juez acordó levantar la fianza, que finlmente fijó el 18 de mayo en 3.500 millones de pesetas, de los que 2.500 serían los millones que el banco dejó de retener a los dueños de los contratos de cesión de créditos y los 1.000 millones restantes en concepto de intereses por la demora en ese pago.