Según las mismas fuentes, la juez ha citado a este directivo a petición de una de las defensas del caso, después de que este empleado remitiese hace dos meses una carta a la magistrada en la que expresaba sus deseos de volver a testificar.

Este ex directivo ya declaró en su día ante la Audiencia Nacional que los máximos responsables del Banco Santander habían dado instrucciones internas para vender las cesiones de crédito. Asimismo, acusaba a los altos cargos de conocer la opacidad iscal de este producto por el que está siendo investigada la entidad financiera, según las mismas fuentes.

En este caso, la juez Teresa Palacios investiga los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraude contra la Hacienda Pública cometidos por el Banco de Santander entre los años 1988 y 1992.

Según la juez, las cesiones cambiaron de nombre en varias ocasiones y esto tuvo repercusión fiscal "pues la Hacienda Pública llamó a personas que desconocían el aparecer nominadas,sin haber entrado tampoco en contacto con los suscriptores".

La investigación judicial se inició en abril de 1992, a raíz de una denuncia del Ministerio de Economía y Hacienda, que no pudo comprobar la existencia real de cerca de 3.000 titulares de las 44.000 operaciones de cesiones de crédito efectuadas por el Banco Santander en el periodo antes citado.

La Administración valoró entonces en 400.000 millones de pesetas el volumen de las operaciones y estimó que al menos el 40 por ciento del diner era "negro".