Precisamente hoy el Consejo de Ministros acordó autoriza a General Dynamics a realizar una inversión extranjera en la citada empresa nacional, consistente en la compra del 100 por cien de las acciones, que suman un capital social de 1.000 millones de pesetas.

Marsal fundamenta su queja en que el documento de compra-venta no ha sido clasificado como secreto por el Ejecutivo y en que la empresa tiene carácter público, hasta que finalice su proceso de venta.

"El Gobierno no ha clasificado este contrato", recordó Marsal, "por lo que no alega razones de cofidencialidad por la Ley de Secretos Oficiales, y por ello no se ha solicitado el envío de la documentación ante la comisión de Secretos Oficiales".

El texto del recurso presentado por el PSOE manifiesta que "no parecen ajustadas a derecho las referencias al Código Comercial que hace el Gobierno en su denegación, ya que no hacen referencia al contrato de compraventa y, aún más, considerando el carácter público de la empresa Santa Bárbara".

Para Marsal, también resulta "inaceptable la inclusión enel propio contrato de una cláusula de confidencialidad que impida el acceso de los propios diputados a un documento firmado por el Gobierno y que no ha sido clasificado".

El portavoz socialista denunció que se podría dar así la contradicción de que otras personas, como el propio Consejo de la SEPI, los miembros del Consejo Consultivo de Privatizaciones o el personal de la empresa Dresdner Kleinwort Benson, como asesora de la operación, "tengan acceso a la documentación que se niega a un representante opular2.

Marsal calificó de "inaudita esta actuación del Ejecutivo, que impide el ejercicio fundamental de un representante popular de su función de control de las acciones del Gobierno".