Los grupos de Izquierda Unida y Convèrgencia i Unió son los que han dedicado un mayor número de enmiendas a este colectivo. Mientras IU crea una nueva prestación denominada "Prevención y rehabilitación en el ámbito de las discapacidades" con el objetivo de ofrecer una asistencia global a estas personas, CiU reclama una atención especial para discapacitados y adolescentes.

En materia de Salud Mental, IU hace un special hincapié en la necesidad de crear un Plan Integral de Salud Mental y define en otra de sus propuestas las actividades asistenciales que debería comprender (diagnóstico, terapéutica y rehabilidación) y los niveles en que se deben atender (consultas, hospitales de día, hospitales generales, centros psiquiátricos de media y larga estancia, centros de rehabilitación y apoyo desde los Equipos de Atención Primaria).

Esta prestación es la única referencia que se realiza al colectivo entre las enmiends del PNV, que propone incluirla entre las prestaciones de la atención sanitaria especializada. El PSOE apuesta por que el Sistema cubra la rehabilitación de pacientes con déficit psicosocial o funcional.

La prestación ortoprotésica también merece la atención de las estas formaciones políticas. CiU insiste en su enmienda en que es una competencia autonómica, al establecer que se facilitará por los servicios de salud o dará lugar a ayudas económicas, según establezcan las CCAA.

Sin embargo, para I la carga económica de este servicio deberá recaer sobre el Sistema Nacional de Salud y "no sobre el paciente o usuario, ni siquiera a través de aportación anticipada reembolsable posteriormente".

ACCESIBILIDAD

La mayor parte las propuestas de los grupos están dirigidas a garantizar una "adecuada asistencia" para este colectivo. El PP incluye en la Ley varias enmiendas sobre prevención de las deficiencias y la obligación de que los vehículos de transporte sanitario cuenten con "medios adaptados" y qe los nuevos centros sanitarios cumplan la normativa en materia de eliminación de barreras y accesibilidad.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista propone la adición de un nuevo párrafo que garantice la accesibilidad de las personas con discapacidad a los centros, servicios y prestaciones y la obligación de las Administraciones sanitarias de promover programas de eliminación de barreras físicas o de la comunicación.