Según Sanidad, el texto, suscrito concretamente por CEMSATSE, FSP-UGT, CCOO y CIG, supone que los aproximadamente 20.000 facultativos residentes españoles tendrán por primera vez un marco jurídico estable que recoja sus derechos en el ámbito laboral.

El Ministerio de Sanidad indica que en el aspecto retributivo se establece una subida media del 18% en los sueldos base, con lo que se equiparan por primera vez a los del resto de personal estatutario. Además, subraya Sanidad, se fijan complementos de grado de formación y atención continuada, y también pagas extras, conceptos que se irán aplicando gradualmente, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2006.

El borrador consolida para el futuro el aumento salarial de los residentes, ya que por primera vez estas subidas quedan ligadas a las del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, asegura Sanidad.

El texto establece una jornada laboral ordinaria máxima de 37,5 horas semanales y la jornada máxima total (incluyendo guardias) no podrá ser superior a 58 horas semanales hasta el 31 de julio de 2007, 56 horas semanales hasta el 31 de julio de 2008 y 48 horas semanales desde el 1 de agosto de 2008.

Las guardias de los residentes no podrán ser más de siete al mes para evitar, por ejemplo, la acumulación excesiva de estos facultativos en periodos vacacionales.

MEDIDAS SOCIALES

Por otra parte, el texto prevé iniciativas para conciliar la vida laboral y personal de los residentes. Por ejemplo, las mujeres embarazadas tendrán derecho a una organización de su horario de trabajo durante toda la gestación que les permita realizar jornadas diarias no superiores a doce horas.

Igualmente, la posibilidad de flexibilización del horario de trabajo se extiende también a aquellos residentes que tengan que encargarse del cuidado de familiares directos, personas con discapacidad o menores.

En este apartado de medidas sociales, se garantiza también el principio de igualdad de las personas discapacitadas, ya que se obligará al centro en el que se formen a hacer accesibles sus instalaciones y a facilitar las ayudas técnicas necesarias para que pueda llevar a cabo el programa formativo de su especialidad.

Por último, se incluyen medidas para asegurar la protección integral contra la violencia de género, permitiendo que quienes padezcan malos tratos puedan reducir su jornada de trabajo o realizar un horario flexible.

Además, se prevé también que si la víctima de la violencia de género se ve obligada a desplazarse a otra localidad o comunidad autónoma, pueda beneficiarse del derecho preferente a que se le asigne otra plaza de residente en formación en ese lugar.

Además de las medidas incluidas en el real decreto acordado hoy con los sindicatos, el ministerio está trabajando también en la elaboración de una norma que regule los aspectos formativos, que no se han podido incluir en este decreto por razones de técnica jurídica.