Según informó el ministerio, el recurso se plantea tras haber expirado el plazo legal de un mes desde que Sanidad envió el requerimiento previo a la Generalitat para que procediera a modificar los artículos del decreto autonómico que incumplen la normativa nacional y sin que, transcurrido este plazo, se haya respondido o procedido a la modificación del decreto.

El principal incumplimiento del decreto, según el Ministerio de Sanidad, se refiere a la compartimentación de los espacios reservados para fumadores en los locales de más de 100 metros cuadrados.

La ley dice que en estos locales se podrá habilitar espacios para fumadores, físicamente separados y completamente compartimentados para evitar que el humo del tabaco pase a la zona de no fumadores. Sin embargo, el decreto de la Generalitat Valenciana no respeta este aspecto, puesto que permite que no se haga dicha compartimentación.

En este sentido, la norma valenciana "supone una merma en la protección de la salud de los ciudadanos de esa comunidad autónoma, que no verán garantizado su derecho a no respirar aire contaminado por el humo del tabaco en los bares y restaurantes de más de cien metros cuadrados", asegura el ministerio.

La propuesta de instalar aparatos extractores de humo en las zonas de fumadores, continúa Sanidad, "no supone en absoluto una solución efectiva, tal como ha reconocido la propia Organización Mundial de la Salud, puesto que estos extractores podrían llegar a eliminar los malos olores que produce el tabaco pero no evitan que los vapores tóxicos y cancerígenos del humo de los cigarrillos llegue también a la zona de no fumadores".

Otro aspecto del decreto que según el Ministerio de Sanidad no respeta la normativa nacional es el referente a las dimensiones de los locales. Así, mientras la ley toma como referencia los cien metros cuadrados de superficie útil, en el decreto valenciano se habla de 120 de superficie total, excluyendo aseos y otros espacios destinados a clientes o visitantes.

Por último, el departamento de Elena Salgado señala que la norma valenciana rebaja considerablemente el límite sancionador de la norma estatal, "reduciendo así la eficacia sancionadora en los casos más graves".