El decreto, uno de los más polémicos realizados por la Administración sanitaria socialista, pretende racionalizar el gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud, que de continuar el crecimiento registrados en los últims años podría alcanzar el billón de pesetas en 1997, según el cálculo de este departamento.

En general, quedrán exluídos de la prestación farmacéutica los productos cosméticos, dietéticos, las aguas minerales, los elixires bucodentales, los dentífricos, jabones y confitería medicinal.

También quedan excluídas de la financiación pública las especialidades farmacéuticas publicitarias, los suplementos alimenticios, los dermatológicos o los anabolizantes.

Para que un producto nuevo quede fuera d la prestación farmacéutica de la Seguridad, la Administración deberá examinar el informe que elabore la Comisión Nacional de Uso Racional de los Medicamentos.

El decreto diseñado por el equipo de José Antonio Griñán separa el registro de un nuevo producto de su financiación pública, que hasta ahora era automática.

A la hora de costear un medicamento, el Sistema Nacional de Salud atenderá a la gravedad de la patología, la necesidad de ciertos colectivos, la utilidad terapéutica y social, la limitción del gasto público farmacétuco y la existencia de medicamentos ya disponibles de igual composición y menor precio.

La normativa establece también un cambio en la prestación farmacéutica que reciben los enfermos crónicos, que a partir de ahora deberán pagar un 10 por ciento del precio del producto, siempre que no exceda de las 400 pesetas.

CRITICAS DE FARMAINDUSTRIA

Fuentes próximas a Farmaindustria, patronal de los laboratorios farmacéuticos, lamentaron que la nueva normativa limite la presripción de los médicos de la Seguridad Social, que no podrán recetar aquellos fármacos que estén incluidas en las "listas negativas" que recoge el decreto.

Los laboratorios piden al ministerio que explique a todas las partes implicadas en la asistencia sanitaria las medidas que introduce el nuevo decreto, ya que de lo contrario podría acarrear una grave ruptura terapéutica.

Los sucesivos borradores de este decreto han encontrado la oposición más o menos matizada de otros sectores de la sociedad, omo las organizaciones de consumidores, los enfermos crónicos, y los colegios profesionales tanto de médicos como de farmacéuticos.