El caso que ha dado lugar a esta sentencia se remonta a 1993, cuando el pensionista José Becerra Prego sufrió un infarto de miocardio en Venezuela, país al que había viajado para visitar a sus hijos, por lo que tuvo que permanecer ingresado tres meses en el Centro Médico de Caracas. Los gastos sanitarios ascendieron a 2.269.608 pesetas, cantidad que fue reclamada infructuosamete a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Valenciana.

Para el Supremo, "la asistencia sanitaria está garantizada a todos los afiliados a la Seguridad Social, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren, cuando se trate de supuestos que exijan una atención inmediata por existir peligro para la vida o la integridad física del beneficiario".

Asimismo, agrega que "en los casos de urgencia vital es indiferente que la asistencia urgente se haya necesitado y producido en España o en elextranjero" o que no exista un convenio sanitario entre nuestro país y aquel en el que se produce la atención médica.