El caso que ha dado lugar a esta sentencia se remonta a 1993, cuando el pensinista José Becerra Prego sufrió un infarto de miocardio en Venezuela, adónde había viajado para visitar a sus hijos, por lo que tuvo que permanecer ingresado tres meses en el Centro Médico de Caracas. Los gastos sanitarios ascendieron a 2.269.608 pesetas, cantidad que fue reclamada infructuosamente a la Consellería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Valenciana.

Para el Supremo, "es dable entender que la asistencia sanitaria está garantizada a todos los afiliados a la Seguridad Social, cualquiera quesea el lugar donde se encuentren, cuando se trate de supuestos que exijan una atención inmediata por existir peligro para la vida o la integridad física del beneficiario", dice la sentencia.

Asimismo, agrega que "en los casos de urgencia vital es indiferente que la asistencia urgente se haya necesitado y producido en España o en el extranjero" o que no exista un convenio sanitario entre nuestro país y en el que se produce la atención médica.