El documento plantea una respuesta coordinada e integrada de los servicios dirigidos a las personas con enfermedad mental en los sistemas ya existentes para el resto de ciudadanos en general.

En concreto, se recogen unas pautas de actuación ante los traslados e ingresos voluntarios, ingresos involuntarios no urgentes, ingresos involuntarios urgentes y traslados e internamientos de personas con enfermedad mental halladas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Según el secretario autonómico de Atención al Ciudadano, Ordenación Sanitaria y Drogodependencias, Pablo Fernández, "es la primera vez que se lleva a cabo un protocolo de estas características, donde las pautas de actuación se han consensuado en cuanto a ingresos, tanto voluntarios como involuntarios urgentes".

Para llevar a cabo este protocolo, se ha tenido en cuenta que la persona con enfermedad mental es un ciudadano que tiene derecho a una asistencia sanitaria de calidad y respetuosa con sus derechos y que la intervención policial en el trato con ella debe seguir un criterio de intervención mínima, de modo que sólo se produzca bien para cooperar con las autoridades sanitarias o bien porque la conducta del enfermo sea constitutiva de una infracción penal.

Por ello, se ha considerado que la adecuada atención médica a las personas con enfermedad mental y el hecho de que en ocasiones se hace necesaria la intervención de la policía estrechen la colaboración entre todas las instituciones y servicios públicos, y en especial entre los sectores sanitario, policial y judicial.