La orden ministerial estipula que estas instrucciones entrarán en vigor para los concursos y contratos que se realicen a partir del día 1 de febrero.

Sanidad considera "conveniente y oportuno" fijar criterios de preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de aquellas empresas liciadoras que, afectadas o no por la normativa legal en esta materia", demuestren una especial sensibilidad hacia el colectivo de personas discapacitadas.

En caso de igualdad entre dos o más licitadores, la orden establece que tendrá prioridad la proposición presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2%.

Las empresas deberá incorporar además la documentación que acredite la pertenenca a la plantilla de un número de trabajadores discapacitados no inferior al 2% de su plantilla.