La proposición elaborada por los socialistas y estos grupos de la oposición pide que el Congreso inste al Gobierno a no adoptar o paralizar una serie de medidas que pueden conducir a la privatización del sistema público de salud.

Entre estas medidas, los firmantes se refieren a que no se enajene ni cedan los "recursos públicos afectados a la atención sanitariay sociosanitaria".

Además, se pide el desarrollo de un marco reglamentario común para todos los centros sanitarios, que "preserve las garantías del servicio público sanitario en cuanto a la financiación, el régimen patrimonial, la organización y la gestión del personal y las prestaciones sanitarias".