Molins aclaró que en la última reunión mentenida entre miembros de la coalición nacionalista y del Ejecutivo para tratar este asunto, el Gobierno aceptó la necesidad de financiar a través de los Presupuestos Generales del Estado buena parte de los recursos suplementarios que requerirá el sostenimiento del Sistema Público de Salud, lo que no significa que no s estén estudiando otros canales de ingresos para el caso de que la vía presupuestaria fuera insuficiente.

En palabras de Molins, entonces se haría "una apelación a los propios usuarios", aunque "está descartado desde hace tiempo el cobro por receta", una posibilidad que apuntaba hoy un medio de comunicación.

Para conseguir un aumento de los ingresos que impida incrementar el déficit al subir la dotación presupuestaria, se está estudiando un posible aumento de los impuestos especiales o la mejora e la gestión de la incapacidad transitoria, entre otras medidas.

También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de eliminar las deducciones por gastos médicos de la declaración de la renta, una eliminación que en cualquier caso sería selectiva y nunca afectaría a las desgravaciones por pago a mutuas de sanidad.

Según Molins, en ninguno de estos terrenos hay una decisión tomada, como tampoco se ha llegado a acuerdo sobre los criterios de distribución del gasto sanitario entre las distintas admiistraciones.

En su opinión, el nuevo sistema deberá tener en cuenta el volumen de población protegida y para ello se actualizarán los datos del censo. También se tendrá en cuenta el envejecimiento de la población, la existencia de centros de investigación y la cantidad de desplazados.

"Todo eso es imposible que lo pactemos 'a priori' el Gobierno y CiU. Estamos razonablemente convencidos de que llegaremos a acuerdos, pero no se podrán alcanzar hasta que se discutan las conclusiones de la Subcomisin de Sanidad y el Gobierno pueda emitir un informe apoyándose en su dictamen", dijo el portavoz nacionalista.

La subcomisión tiene hasta el 30 de junio como fecha límite para concluir sus trabajos, pero no se descarta la habilitación del mes de julio para permitir la conclusión de sus trabajos, que no podrán quedar pendientes para después de esa fecha, puesto que las medidas que se adopten deberán incluirse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1998.

Molins aseguró que su grupo no ha echo una valoración concreta de cuánto costará exactamente la Sanidad, aunque expresó su deseo de que la cifra sobrepase los 200.000 millones de pesetas que, al parecer, baraja el Gobierno.