"Entendemos que si no se corrigen estos aspectos, la Ley no sólo no servirá para cohesionar el Sistema Nacional de Salud (SNS), sino que añadir motivos de tensión y enfrentamientos entre comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, aparte de los posibles recursos legales que puede generar", asegura la FADSP en una nota de prensa.

Tras lamentar que el Ministerio de Sanidad no ha consultado a las autonomías sobre este proyecto, la FADSP afirma que una ley de esta envergadura debe de nacer de un consenso generalizado sobre sus características, o a la hora de su aplicación chocará con las capacidades legislativas y de gestión de las autonomas, y corre el serio peligro de quedarse en un norma de generalizado incumplimiento.

A juicio de esta Federación, esta Ley debe contemplar la creación de sistemas de información sanitaria y de la financiación del gasto sanitario que permitan el seguimiento y control de la actividad de las comunidades autónomas y contribuyan a la equidad y eficiencia del SNS.

Además, la FADSP opina que la normativa debe recoger un sistema de financiación a los pacientes desplazados que sea objetivo y no esté sujet a las negociaciones políticas; la constitución de una entidad encargada de asegurar la disponibilidad de todos los recursos del sistema a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia; y establecer un sistema homogéneo de prestaciones sanitarias.